El año pasado, el Procurador General eliminó la capacidad para las víctimas de violencia doméstica solicitar asilo en Estados Unidos, y al mismo tiempo logro hacer que que el procedimiento para las víctimas de violencia de pandillas que solicitaran asilo fuera casi imposible. En respuesta a esa decisión de el Procurador General, el USCIS comenzó a implementar políticas que hacían más difícil establecer un “temor creíble” de regresar a su país si su reclamo se basaba en esos elementos.

La nueva decisión del juez Emmet G. Sullivan anulo esos procedimientos declarando que estos son ilegales.

Lo que esto significa es que para muchos de los centroamericanos que huyen de la violencia de pandillas o violencia doméstica, con posibles solicitudes de asilo, puedan continuar y sean aprovadas.

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